Por: Carlos Villota Santacruz
El pasado 4 de julio de 2021, se cumplió 30 años de la expedición de la Constitución de 1991. Amparados en las manecillas del reloj y en medio de una emergencia sanitaria y un “Paro Nacional” que parece extenderse en el tiempo, con un alto influencia política de izquierda, en favor de “fortalecer” la candidatura presidencial de Gustavo Petro, se observa que las reformas constitucionales de las últimas 3 décadas, han ido en contravía de fortalecer el Estado Social de Derecho.
Desde el rol de ciudadano, internacionalista y consultor político, he asistido a un desmonte progresivo de las conquistas de la carta de navegación, que dicho sea de paso, en materia de la autonomía territorial de Colombia, está en deuda. La razón. Sigue vigente, un régimen presidencialista y excesivo centralismo, en la toma de decisiones en el manejo de la administración pública.
Aunque la carta política –es amplia en la normatización de los mecanismos de participación ciudadana- consagrados en el artículo 103, la única figura que ha permitido salvaguardar los derechos de los ciudadanos, es la Acción de Tutela.
Desde el punto de vista estadístico, son más de 45 millones de casos, donde niños, hombres y mujeres de todas las condiciones sociales, han hecho efectivos sus derechos. La tutela, ha sido la voz y la esperanza, no solo en la defensa de su vida, sino de la educación, del fortalecimiento de la familia y del buen uso del tiempo libre, entre otros.
En pocas palabras, desde las regiones, se ha abierto paso, a una “revolución silenciosa” alrededor de los derechos fundamentales, en medio de protestas pacíficas y violentas –con acciones terroristas- que dejan como saldo heridos, muertos y cuantiosas pérdidas materiales en edificaciones públicas y privadas, que hoy, está colocando en peligro una reactivación económica integral, viable y sostenible en el tiempo.
Al hablar con los habitantes de la región pacífica, andina, caribe, amazónica y de los Llanos Orientales, se confirma en un 67 por ciento de estos territorios, no llega con la contundencia que reclaman este momento de la historia del país, por parte del Estado. “Siempre se queda debiendo. El saldo en rojo. O simplemente, nunca llegan como ocurre en el pacífico nariñense, el Putumayo o en la zona rural de Bogotá, Cali y Medellín”.
Este panorama preocupante, desolador, ha acrecentado de manera acelerada en un 200 y hasta un 500 por ciento entre los jóvenes, las mujeres y las personas de la tercera edad, los niveles de insatisfacción. Todo gracias, a las necesidades básicas insatisfechas de la población no se apagan. Se aumentan y han llevado a varios de sus protagonistas, incluso al suicidio o hacer parte de bandas delincuenciales, para alcanzar un ingreso diario, para llevar alimento a sus familias.
Justo, cuando se cumplen 30 años de la expedición de la Constitución de 1991, en Chile, se instala la Asamblea Nacional Constituyente. Será liderada por una mujer de origen indígena. El reto en el país austral es edificar una carta política democrática, participativa, pluralista, que respete las libertades, los derechos de los ciudadanos. Desde el sur del continente, se pueden mirar en el espejo de Colombia, que la luz de los resultados, se traducen en positivo y negativo.
Lo que ha hecho difícil su aplicación, es los altos niveles de corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. En medio de ese escenario, no creo que la solución se deba concentrar en excesivas reformas. Unas tras otras. Es urgente y prioritario defender la institucionalidad, la democracia.
Aplicar la ley, con todo su rigor, para aquellos que persisten en creer que Colombia, es un Estado fallido. El país, cuenta con recursos humanos y naturales. Es hora de actuar en equipo. Es la única salida, para encontrar un norte en medio de la crisis actual. Lo demás, es un salto al vacío. Así le sucedió a Venezuela y Nicaragua. A propósito de este comentario. Usted que piensa. E mail villotasantacruzcarlos@yahoo.com.co